Magnífico artículo de los antropólogos Ubaldo Suárez y Javier Moreno publicado hoy en Canarias 7 sobre el debate del Festival de Música de Canarias
Así da gusto leer y debatir; sin insultos ni descalificaciones personales, solo con argumentos y puntos de vista expuestos de forma clara y respetuosa. Disculpen que no ponga el enlace a su estupendo artículo porque en el momento de escribir esta entrada solo se encuentra en la edición impresa y no en la digital.
Este tipo de opiniones es lo que Nino Díaz, director del Festival, en su comunicado de esta semana nos pedía a todos al afirmar que «un proyecto de esta trascendencia puede y debe ser objeto de reflexión pero no ser utilizado como un elemento para la confrontación». (Esta frase no la busquen en cualquier medio, a algunos se les ha olvidado incluirla y por el contrario han puesto otras presuntamente expresadas por Díaz que nada tienen que ver con su forma de pensar)
En su artículo los mencionados antropólogos declaran que se ha iniciado un debate sobre el Festival de Música de Canarias entre «dos bandos; los nostálgicos y los inclusivos». Términos por ellos mismos acuñados que son tan válidos como cualesquiera otros cuando la única intención es que nos entendamos en un debate serio y de altura.
Me gustaría incidir en la parte final de su documento en la que ponen el cascabel al gato en una cuestión fundamental y es que si la «Administración debe sufragar un festival de música». Y si digo que es fundamental es porque precisamente, les aseguro a ustedes, ha sido y es tema de debate entre el sector durante décadas.
En este sentido, Suárez y Moreno aseguran que «para los miembros de ambos grupos, es evidente por sí mismo que el Estado, encarnado en una institución u otra, debe encargarse de satisfacer las aficiones de un tipo u otro de la población»… ¡Pues va a ser que no!
En el llamado bando de los inclusivos se encuentran miembros activos y representantes de diferentes organizaciones profesionales y culturales del sector creativo y productivo de las denominadas Industrias Culturales y Creativas (ICC) de Canarias.
¿Es acertado afirmar que este bando, por utilizar la terminología propuesta, defiende que el Estado «debe encargarse de satisfacer las aficiones de un tipo u otro de la población»? Respondo categóricamente que no. Jamás el sector ha dicho o propuesto semejante disparate. Justo todo lo contrario. Porque una cosa es exigir que se cumpla con la Constitución y las normas de nuestro Estado del Bienestar, esto es el cumplir con la equidad categórica* de bienes preferentes, y otra muy distinta el «satisfacer aficiones de un tipo u otro de la población».
Como igual de cierto es que el sector lleva lustros tratando de explicar que las ICC, además de un bien preferente, es un sector estratégico económico que aporta al PIB europeo más que las industrias del automóvil o incluso las industrias energéticas, siendo una industria mucho más limpia, sostenible y que es la que más empleo genera entre los jóvenes, teniendo el mayor crecimiento en Europa en los últimos años. No lo dice el sector, lo dice el informe Creating growth Measuring cultural and creative markets in the EU de EY (la antigua Ernst & Young) comisionado por el Parlamento Europeo.
Y otra cuestión que lleva décadas debatiendo el sector es si es razonable que el Gobierno de Canarias tenga como propio un festival de música y no uno de teatro, o de danza, o de música, teatro y danza, o cualquier otra disciplina cultural… ¿Es acaso más importante la música que la literatura? ¿O la música que la pintura o la danza? ¿Deben ser los festivales de iniciativa pública, privada o mixta? Y en esta misma línea de pensamiento… ¿Es razonable que un Festival Internacional de Música de Canarias sea en realidad un Festival de Música Clásica Centro Europea del siglo XIX en Canarias? ¿O por el contrario un festival de música debería presentar de forma más abierta lo que ha ocurrido en el mundo y lo que está ocurriendo en esta disciplina artística de forma más general?
Personalmente siempre he defendido el principio de equidad y, en general, a los diferentes representantes de las diferentes disciplinas artísticas y culturales siempre les he oído decir aquello de que «no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro» en referencia al presupuesto del Festival por comparación con el resto de inversiones culturales. No le quitemos nada al Festival pero armonicemos la inversión en cultura con nuestro entorno Europeo para poder evitar los agravios comparativos.
Conclusión
Para que quede clara y diáfana la postura; jamás he oído a ningún representante de las organizaciones profesionales y empresariales de las ICC en Canarias hablar de satisfacer aficiones con dinero público. El sector solo pide que la cuantía de la inversión en cultura en Canarias tenga la misma media proporcional que en Europa y España, porque por cada euro que se invierte en este sector en las Islas se generan tres que se ingresan en las arcas de nuestra administración. Por el contrario, de los millones de euros que se han utilizado para «satisfacer las aficiones de un tipo u otro de la población» sospechamos que los beneficios se han ingresado en sus países de origen; muy lejos de Canarias.
Me gustaría recordar aquí que justo antes de que comenzara esta crisis económica la ‘Plataforma por el 2% en Cultura’ consiguió el compromiso de todo el arco parlamentario para que la inversión llegara al 2% de los Presupuestos Generales de la Autonomía. Por el contrario el sector ha visto un recorte del 85% acumulado en estos 8 años, recorte sin igual en ningún otro sector, ni en ninguna otra autonomía.
El sector siempre ha entendido que había que recortar. Recortes sí, por supuesto. Hay otros bienes y sectores más necesitados. Pero un 85% ha sido realmente desproporcionado. Una comunidad como la Vasca, con el mismo número de habitantes que la nuestra, invierte en su cultura 10 veces más, proporcionalmente, que Canarias en la suya. Andalucía, con una tasa de paro superior a la nuestra, invierte tres veces más en su cultura, proporcionalmente, que nosotros en la nuestra.
La segunda cuestión que yo entiendo que plantea el sector es que los profesionales de la cultura sean los que ayuden a las administraciones a diseñar las políticas culturales y no los aficionados o patrocinadores. El sector tiene a sus organizaciones educativas, culturales, profesionales y empresariales con sus representantes elegidos democráticamente. Son ellos los que mediante herramientas como el Consejo Canario de la Cultura, o cualquier otro mecanismo que se cree para este buen fin, los que en un país democrático deben marcar el pulso de las políticas activas culturales para velar que sea de forma equitativa, eficiente y transparente.
La tercera y última cuestión que repetidamente oigo pedir al sector es que se cumpla con el principio de equidad para que todas las disciplinas artísticas y todas las actividades culturales tengan cabida y proyección en todas las Islas y cuenten, además, con apoyos para combatir nuestra condición ultraperiférica y la fragmentación de nuestro territorio, cuidando que la inversión en cultura se distribuya de forma razonable para que la ciudadanía tenga igualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes bienes y servicios culturales locales, nacionales y extranjeros, y para que sus proyectos culturales puedan competir en condiciones de igualdad en el Continente.
Principio de equidad categórica*
Una cuestión es que libremente hayamos decidido en Europa el tener un Estado Social Democrático y de Derecho, el denominado Estado del Bienestar, como sustitución al modelo de Estado Liberal de Derecho, y otra muy distinta es que algunos quieran romper la baraja y volver al Estado Liberal de Derecho. El Estado del Bienestar se basa en garantizar un nivel de vida a sus ciudadanos mediante la utilización de gran parte de sus recursos en dos grupos de herramientas o instrumentos; los bienes preferentes y las prestaciones económicas.
Lo que se persigue con los bienes preferentes es facilitar a todos los ciudadanos el consumo de bienes y servicios indispensables para el desarrollo de una vida digna, llegando incluso en ocasiones a obligar a todos los ciudadanos a consumir dichos bienes o servicios. Este es el caso en España, por ejemplo, de los niños de 6 a 16 años que tienen obligatoriamente que cursar la Enseñanza Primaria y la ESO.
Partiendo de la base de que si pudieran elegir, a cuantías iguales, los beneficiarios preferirían la prestación económica al bien preferente, el Estado asume una actitud paternalista proveyendo bienes preferentes en vez del dinero y la libertad de elección ya que los individuos no elegirían correctamente.
A esta concepción basada en el principio de que todas las personas tienen derecho a consumir ciertas cantidades mínimas de determinados bienes preferentes se le denomina ‘equidad categórica‘.
Bienes preferentes en un Estado Social Democrático y de Derecho, como es nuestro caso, son la Sanidad, la Educación, la Cultura, los Alimentos, la Vivienda…
