Artículo de opinión de de Daniel Verdú e Iker Seisdedos en El País
«Ya conocen el dicho: no se puede contentar a todo el mundo, pero sí cabrear a la mayoría. Podría aplicarse al tan cacareado anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Tras pasar el miércoles el trámite de la comisión de subsecretarios, estaba previsto que aterrizara hoy en la mesa del Consejo de Ministros para pasar a la siguiente fase: dictamen del consejo de estado, vuelta al consejo de ministros y negociación parlamentaria. Pero no pudo ser, como anunciaron anoche desde la secretaría de Estado de Cultura para, a renglón seguido, desconvocar una cita con la prensa para pormenorizar los cambios legislativos. ¿El motivo?: “Cambios de última hora en la agenda del Consejo”. Tras la versión oficial, fue inevitable pensar que el aplazamiento no era sino el último episodio de una tramitación accidentada como pocas».
Unas horas antes, y también en El País, se publicaba la siguiente noticia de la agencia EFE
«Las entidades de gestión Agedi, AIE, Cedro y SGAE, integradas en el Instituto Ibercrea, han remitido una carta al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, donde le piden que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI). La solicitud, que según el escrito respaldan «más de un millón de titulares de derechos», pide al ministro que no siga adelante con los trámites de la nueva ley hasta que no se formalice «el grupo de trabajo comprometido por usted en nuestra última reunión»».
