Foto del edificio de SGAE en Madrid por la nocheEl caso denominado como ‘La Rueda de las televisiones’ fue el responsable de la destitución de Antón Reixa como presidente de la SGAE. Pretender acabar con una de las malas prácticas afincadas dentro de la casa le costó la cabeza al dirigente electo, y parece que seguirá produciendo guerras fratricidas y cadáveres dentro de la SGAE, institución que no logra limpiar su malograda imagen iniciada por la era Teddy Bautista.

En un documento remitido por la Coalición Autoral, una organización que reúne a asociaciones gremiales y músicos independientes que están en contra de las malas prácticas en la Sociedad General de Autores y Editores y que abogan por una ley de transparencia e incompatibilidades, se desgrana este caso que permite que un altísimo porcentaje de los ingresos termine presuntamente en manos sucias.

Informe del Coa sobre el conflicto generado en SGAE por la Rueda de las televisiones

1. En el momento actual, según información de SGAE, aproximadamente, el 50% del volumen de ingresos por recaudación proviene de las televisiones.

2. Los servicios técnicos de SGAE detectan irregularidades en el reparto de derechos de diciembre de 2012.

3. En marzo de 2013 el Consejo de Dirección aprueba una investigación sobre las últimas liquidaciones por músicas emitidas en televisión, en las que se detectan serias irregularidades en declaraciones y registros de obras por parte de algunos socios.

4. El 9 de mayo el Consejo de Dirección aprueba un cambio en las normas de reparto de las televisiones. Esta modificación consiste en un cambio sustancial en la valoración
de determinadas modalidades de música interpretada mediante ejecución humana emitida por televisión en horario nocturno (programas de call tv). Dicha ejecución humana, que tenía una valoración de 30 puntos – lo que daba lugar a
liquidaciones millonarias -, cuando resulte meramente secundaria e incidental, pasará a tener la consideración de fondo musical con una valoración de 1,7 puntos. Esto no influiría en la recaudación de derechos a las televisiones, que seguiría siendo la misma (recordamos que las televisiones pagan a SGAE unas tarifas generales por la utilización del repertorio). Pero sí supondría una notable corrección en el reparto, que pasaría a hacerse de manera más equitativa, y contribuiría a la desaparición de ‘autores pantalla’, intermediarios y falsos registros.

5. Ante la duda sobre si la modificación puede aplicarse de forma inmediata, SGAE encarga a través de sus Servicios Jurídicos y, de forma oficial, un informe al prestigioso jurista Rafael Sánchez Aristi (Jefe del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial y reconocido experto en Propiedad Intelectual y defensa de los Derechos de Autor). Dicho informe es contundente y favorable a la aplicación inmediata de la norma aprobada por el Consejo de Dirección. Es especialmente reseñable el argumento esgrimido por el jurista:

«…el ámbito del principio de irretroactividad de las normas sólo es aplicable a disposiciones de índole sancionadora y tiene su límite en el respeto de los derechos patrimoniales adquiridos pero no en las expectativas de adquirirlos»

6. En julio el Consejo de Dirección atendiendo al informe de Sánchez Aristi y a la recomendación de los Servicios Jurídicos de SGAE aprueba la aplicación de las nuevas tarifas a partir de diciembre de 2013.

7. En septiembre representantes de Antena 3 y Telecinco ponen en conocimiento del nuevo Presidente que dejarán de pagar y demandarán a SGAE si se lleva a cabo dicha aplicación.

8. El 12 septiembre el Consejo de Dirección cede a la presión, poniendo como disculpa la estabilidad de la SGAE ante la posibilidad de que algunos de los representantes de Pequeño Derecho pidan elecciones anticipadas, y aplaza la aplicación de las nuevas tarifas, manteniendo la liquidación millonaria a los autores bajo sospecha.

9. El 17 de septiembre se pone en conocimiento de la Junta Directiva la nueva situación respecto a la aplicación de las nuevas tarifas. Algunos miembros en desacuerdo con el aplazamiento en la aplicación de la norma proponen que la Junta Directiva ratifique mediante votación la aplicación inmediata. Curiosamente este asunto no es incluido en el Orden del Día, lo que impide dicha votación, a pesar de que veinte miembros de la Junta firman una solicitud para que se realice, pero parte de los representantes de Pequeño Derecho se oponen. Ante la presión de la Directora General para que se solucione urgentemente la situación, se convoca una reunión extraordinaria para el día siguiente. (Cada reunión de la Junta tiene un coste de unos 50.000€).

10. El 18 de septiembre se aprueba posponer la aplicación de las nuevas tarifas hasta junio de 2014 por un voto de diferencia, dejando en evidencia que la SGAE cede ante las presiones de agentes externos.

11. Los editores comunican que van a apelar la decisión cuando se publique el Acta de la Junta y que tomarán las medidas legales oportunas.

12. Conclusiones:

El inestable equilibrio dentro de la Junta Directiva es evidente y la posibilidad de que se repita la situación antes del reparto de Junio también, dado que las condiciones serán las mismas.

Si se demora la publicación del Acta de la Junta del 18 de Septiembre para que no pueda ser impugnada a tiempo, no se descarta la demanda judicial lo que podría paralizar temporalmente el reparto de diciembre.

Si se realiza el reparto con las antiguas normas y los jueces dictaminan que había que aplicar las aprobadas en el mes de Julio, los daños económicos para la SGAE podrían ser considerables.